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Análisis de MXV Argentina del proyecto de la REFORMA DEL CODIGO PENAL:

Adjunto LINK (PDF):     PDF - Analisis de la reforma del Codigo Penal Argentino por Medicos x Vida - Marzo 2019.pdf

 


La reforma del Código Penal enciende alarmas respecto al aborto.

Los abogados penalistas advierten que es necesario renovar el Código Penal. Los respalda el sentido común, con el paso de los años va teniendo partes desactualizadas.

No obstante, en lo que se refiere al aborto, la reforma podría ser funcional a quienes pretenden lucrar con su negocio.


Su análisis requiere distintos enfoques:


El presidente comunicó que respetaría el resultado del debate sobre el aborto. En el aspecto moral, el mensaje de la sociedad fue claro. Millones de personas, mayoritariamente en familia, se movilizaron sin disturbios. Se debatió extensamente, y el Congreso de la Nación estableció que Argentina desea vivir en un marco de respeto a la vida, sin elegir quién vive y quién no.
Sorpresivamente, al día siguiente, el 9 de agosto del 2018, se impulsó públicamente el tratamiento de la reforma del Código Penal, incluyendo nuevamente el debate del aborto, cuando el artículo 81 de la Constitución Nacional no habilita a repetir el tratamiento de un mismo tema dentro de un mismo año. Finalmente, el mismo no fue tratado en el año 2018.

 

El aborto está incluido en el Código Penal vigente en el capítulo de “Delitos contra la Vida”, y el artículo 86 enuncia causales en las cuales no sería punible, textualmente:


- En caso de violación de mujer idiota o demente (Nota: en 1921 se pensaba que el hijo podía heredar esas condiciones).

- En caso de riesgo de vida de la madre, que no pueda ser evitado de otra forma.

Desde un enfoque sanitario, es claro que las causales de no punibilidad enunciadas en 1921 son para casos extremos.

En el siglo XXI, ambas causales prácticamente no aplican. Por un lado, se sabe que el hijo no hereda la idiocia o la demencia; y por el otro, con los avances de la ciencia médica, es poco probable que sea necesario plantear la posibilidad de un aborto para salvar la vida de la madre. Sin embargo, el “colectivo a favor del aborto” se ha manejado como si esas causales de no punibilidad fueran un derecho por ley.

La Corte Suprema de Justicia falló en el caso F.A.L. en abstracto, y mientras en Argentina sus fallos no legislan, sino que aplican a los casos en concreto, el “colectivo del aborto” lo tomó como ley, impulsando la creación de protocolos que rápidamente fueron puestos en práctica como estamentos superiores a Constituciones Provinciales y a la propia Constitución Nacional.
Basados en lo anterior, el “colectivo a favor del aborto” anunció con total libertad en el mismo Congreso, que ellos promueven y realizan un alto número de abortos, que denominan “legales”.
Sin embargo, es claro que ellos mismos advierten que no cuentan con el respaldo legal adecuado para expandirse con mayor libertad. Necesitan una ley que los ampare, la cual finalmente no fue sancionada por el Congreso de la Nación, que es el organismo autorizado para sancionar leyes.

 

 

Ahora es el turno de la Reforma del Código Penal:

Hasta donde se ha informado, dicha reforma propone cambiar la redacción del artículo 86, quedando de la siguiente forma (textual):


“2. El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer embarazada no es punible:

    1°) Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud física o mental de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.
   

     2°) Si el embarazo proviene de un abuso sexual.”

 

Los “sutiles” cambios del artículo 86, habilitan a libres interpretaciones que pueden resultar en causales de no punibilidad en cualquier instancia de un embarazo, incluidos niños de embarazos ya avanzados. Se reemplaza “riesgo de vida” por “peligro de vida o salud física o mental” (esto deja abolido el artículo 85 – 2º.). Cambia la palabra violación, por abuso. Excluye al padre. Los mismos temas tratados en el debate del 2018 en el Congreso de la Nación.

 

Genera sorpresa que la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud (“completo estado de bienestar físico, psíquico y social”) se haya instalado, según se observó en el debate nacional sobre el aborto del 2018, para evaluaciones judiciales. Es comprensible que una organización que busca la salud de la población promueva una definición utópica, pero corresponde desde acá advertir, que en casos de evaluaciones jurídicas, prácticamente nadie podrá decir que se encuentra en un “completo estado de bienestar”, salvo, claro está, aquellos aún no nacidos.


En ese sentido, la causal de “salud mental” es tan amplia y difusa, que cualquier persona podría aducir jurídicamente que su salud se encuentra afectada de alguna manera, incluidas mujeres con embarazos que cursan con evaluaciones médicas universalmente consideradas como normales en la práctica habitual.

Llamativamente, la actual Reforma del Código Penal, que en el artículo 86 eximiría de pena en todos los casos a los médicos diplomados que realizan abortos, incluso hasta el último día de un embarazo normal (bajo la causal “salud mental de la madre”), propone penas de prisión a la madre en el artículo 88 (copia textual):


“- Se impondrá prisión de UNO (1) a TRES (3) años, a la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare.”

 

Impresiona que la reforma del Código Penal otorgaría más beneficios de no punibilidad a quien efectúa el aborto (sin considerar la existencia o no de lucro), que a la misma madre.

Por otra parte, en el siglo XXI se impone una redacción más precisa del Código Penal, ya que en su gran mayoría los abortos son medicamentosos, y en algún porcentaje automedicados. Sorprende también que en una propuesta de modernización del Código Penal no se contemple los abortos químicos y sus posibles complicaciones, habitualmente ocultadas por quienes los promueven.

Una ley transforma su objeto en un derecho, y debatido en el Congreso de la Nación, se concluyó que, en Argentina, eliminar a un tercero no es un derecho.

De haberlo sido, el Estado se habría visto obligado a disponer recursos para proporcionarlo, al mismo tiempo que los hospitales están colapsados, con extensas colas para solicitar turnos que se otorgan para fechas muy distantes. Incluso, algunos de esos hospitales han contratado médicos que no lo son, bajo la supervisión de un Ministro de Salud (hoy secretario) que dice que ya no se toma un juramento ético, que él mismo no recuerda si realizó o no. Definitivamente la Salud Publica argentina estaría complicada para ofrecer “500000 mil abortos seguros” en menos de 5 días, ni siquiera intentando asustar a sus médicos con condenas a prisión por interferir en la realización de abortos.

A esos hospitales concurren las clases más humildes, que esperan ansiosamente servicios más prioritarios que el aborto. A pesar de ello, el Ministerio de Salud de la Nación se puso al frente del debate del año 2018 bajo el slogan “aborto libre, seguro y gratuito”, aunque ni siquiera estuvieran dadas las condiciones sanitarias necesarias para un proyecto de esas características.

 

Despenalizar el aborto por reforma del Código Penal es diferente a legalizarlo a través de una ley del Congreso de la Nación. Ya no se trata de un derecho que deba garantizar el Estado, sino que simplemente se abre la alternativa de no punibilidad para quienes quieran ofrecer el servicio.

Las mismas clínicas o “departamentos” que eran clandestinos, verán menos obstruido su funcionamiento, y quienes no puedan afrontar los costos deberán hacer la cola en el hospital que eventualmente ofrezca abortos. En la práctica viene funcionando de esa forma, aún con un artículo 86 con menos causales de no punibilidad que las que ofrece la reforma actual.

 

Este sería el escenario ideal para el negocio del aborto:


Un servicio público deficitario o en algunos lugares inexistente, frente a una oferta privada con menos limitantes para su expansión y con menos posibilidades de acoso legal podría interpretarse como el escenario más propicio para quien quisiera lucrar con la práctica de abortos. Llamativamente esta reforma excluiría de pena al profesional que practica el aborto (art 86), manteniendo una eventual punibilidad para la madre (art 88).

El estado debe velar por que se cumplan las leyes, y sus poderes deben ser claros en la interpretación de las mismas. En los últimos años, se ha generado una confusión respecto a la interpretación del delito de aborto. El fallo F.A.L. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del año 2012, lejos de aclarar, ha colaborado de hecho a la confusión general. Es evidente que el fallo F.A.L. ha generado confusión, ya que mientras este último se limitó a analizar en abstracto el caso de una niña embarazada como fruto de una violación, terminó promoviendo la elaboración de protocolos administrativos de procedimientos que resultaron ser la mayoría distintos entre ellos, y que en la práctica, justifican el aborto libre.
Muchos medios de comunicación persisten en la confusión constante de términos jurídicos e interpretaciones o indicaciones médicas.

Sin embargo, a pesar de los análisis arriba enunciados, y de la instalación en el inconsciente colectivo de que el Código Penal otorgaría derechos, como podría hacerlo una ley, no se debe pasar por alto que los artículos mencionados, permanecen en el capítulo del Código Penal que se denomina: delitos contra la vida.

A pesar de que el Congreso de la Nación acaba de manifestarse en contra de una ley de aborto en Argentina, esta reforma del Código Penal, al excluir de penas al profesional que lucre con el aborto, al incluir como causal de no punibilidad al peligro de afectación de la salud mental de la madre, y al no considerar el aborto químico, aportará mas confusión que luz al problema.

Bajo estas condiciones:


¿Cuál será la capacidad del Estado para supervisar que no se cometan excesos?

Reflexión final:


No se puede desconocer la realidad de los embarazos no esperados o en situación de violencia, y los embarazos adolescentes, son parte de una situación compleja que debemos atender. Se puede trabajar en sus causas, brindando la atención y contención que verdaderamente necesitan las mujeres en estado de vulnerabilidad; o por el contrario, se puede poner el foco en desechar el nuevo ser en gestación, con los riesgos físicos y sociales que ello implica, pretendiendo que estos últimos no existen.

Al respecto, en los últimos años ingresaron al Congreso de la Nación por lo menos 15 proyectos de ley con el objetivo de fortalecer la familia, combatir la vulnerabilidad materna, ayudar a la mujer en situación de riesgo y potenciar el desarrollo de sus niños, impulsar mejores proyectos de adopción, etc, etc. Hasta ahora, ninguno logró estado parlamentario para ser tratado.
En el transcurso del último mes, el gobierno nacional ha negado el apoyo a una red telefónica nacional de ayuda a la mujer embarazada en crisis, por no incluir la opción de aborto entre sus propuestas de ayuda.


Luego de la gran “ola celeste” que se manifestó en todo el país, esos proyectos merecen atención y no seguir “guardados en un cajón”.

La mujer debe ver protegidos sus derechos de equidad con el varón en términos de dignidad e igualdad de oportunidades. Cada persona es libre de decidir cómo vivir su sexualidad, teniendo siempre presente que los actos que se asumen pueden conllevar responsabilidades posteriores. Por lo tanto, una vez que ya concibió un nuevo ser humano, que se trata de otra vida, ya es madre biológica, y conjuntamente, padres con algún varón, en ese caso, el Código Penal debería velar que ambos cumplan sus responsabilidades frente al tercero, del cual ambos son progenitores, el más inocente e indefenso de los individuos de la sociedad. Sería la forma más humana y social de darle una solución superadora a este tema tan delicado.

Finalmente, esperamos con muchísima convicción que nuestro humilde aporte sea escuchado e interpretado a la luz del saber médico. Hemos sido formados para cuidar la vida en todas sus fases y juramos hacerlo así. Ningún profesional puede estar obligado a actuar en contra de su derecho a objetar conciencia.

Autor: Dr. Luis Durand
Colaboradora: Dra María José Mancino

 

Comisión Directiva
Médicos por la Vida
Argentina

 

26 de marzo del 2019

 

Rosario Ultima Revisión LD LA RF del CP enfoque de MXV 2019.docx

 

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Dr. Luis Durand
Integrante de Médicos por la Vida
Dra María José Mancino
Presidente y Fundadora de Médicos por la Vida. Médica Psiquiatra, Orientadora Familiar. Máster en PINE. Especialista en Trastorno Post Aborto. Esposa y Madre de 5 hijos.

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