En los últimos días y a raíz de dolorosas noticias y polémicas editoriales se puso nuevamente en el tapete de la discusión nacional el drama del embarazo adolescente y puntualmente el del embarazo de menores víctimas de abusos.


Para encarar seriamente el tema de la defensa y protección de las menores abusadas y embarazadas debemos revisar resoluciones polémicas y de dudosa efectividad, como lo son los Protocolos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), cabe preguntarse, primero, si hay 'abortos legales' en la Argentina, cómo surgen y qué dicen estos protocolos.


Para nuestro Código Penal el aborto es un delito (aunque prácticamente nadie sea perseguido ni mucho menos encarcelado por cometerlo) mientras para el Código Civil y la Convención sobre los Derechos del Niño (con jerarquía constitucional) los niños son tales "desde su concepción y hasta los 18 años de edad" y sus derechos (el primero de ellos a la vida) deben ser garantizados por el Estado Nacional.


No obstante, bajo circunstancias excepcionales, el aborto no se pena, es decir que es 'no punible'.

Estas circunstancias excepcionales se especifican en el artículo 86 del CP y son dos: "si el embarazo proviene de una violación cometida sobre una mujer idiota o demente" o en caso de "peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios". 

Esa es nuestra ley.                  

 

Fallo FAL:


Ahora bien, en 2010 la Corte Suprema de Justicia, en un fallo conocido como F.A.L., definió que la causal no punible de violación debe tener una interpretación amplia, es decir, extensiva a cualquier mujer violada, con independencia de la capacidad mental de la víctima. A partir de entonces y apelando a este fallo, el Estado Nacional -con asesoramiento de organismos de reconocida trayectoria internacional pro aborto- fue diseñando los llamados Protocolos ILE, que establecen instrucciones a los profesionales de la salud sobre cómo actuar frente a los casos de aborto no punible.

 

Estos protocolos no sólo garantizan el aborto a cualquier mujer violada, sino que eximen de realizar denuncia alguna: con una simple declaración jurada toda mujer presuntamente violada puede reclamar un aborto inmediato y gratuito. Además, amplían la otra causal, la de riesgo de vida o de salud, comprendiendo bajo este último concepto toda situación psicológica, personal o social que la mujer auto percibiera como '"dolor psicológico y sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad y la autoestima".  O sea, extienden las causales no punibles 'ad infinitum' y establecen la obligación de ejecución y financiamiento por parte del estado de los abortos de ellas derivados: traducido, lisa y llanamente una legalización de hecho del aborto a demanda, nacida para sortear la 'valla' del Congreso, sin debate, sin consenso y sin sustento en la ley.


Pero más allá del debate legal sobre la inconstitucionalidad de los Protocolos ILE, es evidente que dichos protocolos no ayudan a las víctimas de abusos y violaciones, sino todo lo contrario.

Una niña embarazada es, casi con seguridad, víctima de abusos reiterados y sistemáticos en su hogar o en su entorno familiar más cercano.

Sin denuncia y sin la consecuente investigación (gracias a estos protocolos) el propio violador puede incluso llevar a su víctima a abortar para seguir, impunemente, perpetuando su abuso. Los protocolos que nacieron, presuntamente, para el amparo de las niñas y mujeres violadas, terminan siendo funcionales al abuso infantil, a los abusadores y violadores, a sus cómplices y al abandono del estado de su obligación de velar por los derechos de los niños desde la concepción hasta los 18 años de edad. También, claro está, a las organizaciones de dudosa defensa de los derechos de la mujer que los diseñan y promueven, que son -a las claras- las únicas beneficiarias de la aplicación de estos verdaderos protocolos de la hipocresía.


Para proteger a niñas y niños de los abusos hay que perseguir a sus abusadores, en lugar de garantizar la perpetuidad del abuso.

 

 

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Licenciada en Periodismo y Comunicación Social por USAL.
De Bs As, Argentina.

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