El prohombre de Entre Ríos

El 25 de octubre de 2020, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, se ufanaba en Twitter de que en ese territorio “las instituciones y el estado de derecho están plenamente vigentes”.  Además, agregaba que en Entre Ríos debemos “ajustarnos a derecho y respetar las decisiones del poder judicial”. También daba cátedra señalando que “Somos una provincia que respeta la ley desde la historia y las instituciones” y que “No nos toca a nosotros expedirnos sobre hechos judicializados”.

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Gustavo Bordet aprovechó las redes también para pedirle a la Virgen María que lo guíe “para seguir cuidando la vida y la salud de nuestro pueblo” y en el día mundial del SIDA para proclamar que trabajaría en “una sociedad sin prejuicios”.

De un plumazo, hace pocos días el Gobernador Bordet se ocupó de tirar por la borda su autoridad moral, su defensa del estado de derecho, su respeto a la justicia, sus plegarias a la Virgen y sus proclamas de trabajo en pos de una sociedad sin prejuicios.

¿Cómo es posible? ¿Qué pasó?

En una carta dirigida al gobernador Bordet un reducido grupo de abortista – no representativo de la población entrerriana – le reclamó por la habilitación profesional del médico ginecólogo y le pidió la suspensión de su licencia para ejercer medicina en esa provincia.

Fundaron su pedido en la persecución penal que existe en la Provincia de Entre Ríos contra este médico, objetor de conciencia para practicar abortos.

A raíz de ello, el sábado 21 de noviembre el Ministerio de Salud de Entre Ríos, por Resolución N° 4649, le suspendió la matrícula profesional a Leandro Javier Rodríguez Lastra para el ejercer como médico tocoginecólogo en territorio entrerriano. Por lo tanto, el médico debería cerrar su consultorio privado y abstenerse de ejercer la medicina en Entre Ríos.

Así de extraño como suena: en Entre Ríos, donde según el gobernador impera el respeto a la ley y el estado de derecho, pareciera que esta sería la excepción a la regla…

Politización de la Justicia

Lo cierto es que la condena al médico Rodríguez Lastra en la provincia de Río Negro todavía no ha sido resuelta en forma definitiva. Por lo tanto, hasta que exista condena firme, se presume su inocencia. O al menos debiera presumirse. También es cierto que, aún si se lo condenara, la eventual pena (prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer un cargo público) no abarcaría nunca el ejercicio profesional de la medicina en forma privada.

Sin embargo en Entre Ríos, en forma autoritaria e ilegal, se le ha impuesto a este médico una condena creada a medida por resolución ministerial y que no está prevista en ninguna ley. Sin derecho a defensa y sin considerar la presunción de inocencia de todo argentino prevista en la Constitución.

Al parecer, sólo interesa al poder político perseguir a quienes defienden lo que el artículo 16 de la Constitución de Entre Ríos dice expresamente:

“La Provincia reconoce y garantiza a las personas el derecho a la vida y, en general, desde la concepción hasta la muerte digna. Nadie puede ser privado de ella arbitrariamente”

Todo indicaría que, arbitrariamente, el Gobernador sí puede privar a un médico de trabajar en Entre Ríos.

Entre Ríos, Argentina: Entre el estado de derecho y el estado autoritario

El líder asustadizo

Esta sucesión de hechos demuestra que quien pretendió erigirse en adalid de la justicia y el derecho pudo dejar rápidamente de lado sus altos ideales de gobierno. ¿A causa de la invasión  de un ejército extranjero? ¿Una resolución de un tribunal internacional? No. Bastó una simple nota firmada por algunas señoras.

¡Sí, estimado lector!, este caudillo asustadizo es el sucesor de Justo José de Urquiza. Así defiende las instituciones y el derecho a trabajar honestamente a quienes desean habitar en tierra entrerriana. Así estamos…

Oportunidad y mérito o cobardía política y conveniencia.

Frente a este hecho jurídicamente vergonzoso, resulta llamativo el silencio de los políticos tanto nacionales como de esa provincia. Cuando se avasallan los derechos de un ciudadano de modo tan público y flagrante, la indiferencia (o la cobardía) es la que impera. Nadie dice nada.

Por su parte, los medios apenas se animan a mencionar el episodio. Después de todo, atropellar el derecho a trabajar de un médico, no es atropellar un periodista.

Finalmente, resulta oportuno destacar que en nuestro país, solamente el 2,5% de los graduados de medicina provienen la Provincia de Entre Ríos. Es más, el déficit de personal sanitario en Entre ríos viene desde mucho tiempo atrás. Mucho antes de la aparición del coronavirus. ¿Causa probable? La falta de políticas públicas de salud en la provincia, los bajos salarios y la falta de incentivos. El resultado evidente es la proliferación de pueblos y salas de atención sanitaria sin profesionales.

Hoy, los médicos y los enfermeros son los profesionales más demandados y más escasos en Entre Ríos. Así y todo, el gobernador Bordet puede darse el lujo de impedirle trabajar a un ginecólogo para perseguir y adoctrinar ideológicamente al personal de salud provincial.

¡Qué loco! ¿no?

 

Fuente: https://www.ifamnews.com/es/entre-r-os-argentina-entre-el-estado-de-derecho-y-el-estado-autoritario/

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